En este estudio de 2016, D. Casto Pérez de Arévalo Trillo-Figueroa, Abogado. Master en Derecho de las Administraciones Públicas, en la editorial LA LEY, expone que:
«Pese a que la Ley 24/2013 del sector eléctrico ha sido creada con la intención de afirmarse como una norma diligente con vocación integradora, que incidiera en aquellos puntos o factores más necesarios para la mejora del sector eléctrico, lo cierto es que adolece de graves defectos de forma, remitiéndose a normas ya derogadas como la Ley de Impacto Ambiental, dejando un escenario confuso con el procedimiento a seguir en la necesaria autorización de instalaciones de transporte eléctrico».
Realmente demoledor.
Puedes consultar el trabajo completo en este enlace: El Consultor Urbanístico
